1 OCTUBRE/ 2024
Medio: PRENSA LIBRE
Sección: NOTICIAS
En un escenario en que se apruebe la ley contra la ciberdelincuencia en Guatemala, el reglamento debe definir presupuesto para infraestructura y recurso humano especializado.
A pesar de que entidades públicas han sido blanco del cibercrimen, en Guatemala no existe una obligación de tener un equipo de respuesta ante posibles ataques cibernéticos, lo que puede dejar expuestos datos sensibles para instituciones y para la población y, en un escenario extremo, hasta efectos en los servicios básicos.
El ataque más reciente fue al Ministerio de Educación en abril pasado. De igual manera ocurrieron incidentes contra el Ministerio de Finanzas Públicas –en diciembre 2023–, el Ministerio de Relaciones Exteriores –en octubre 2022– y la Superintendencia de Administración Tributaria –en 2021–.
Además del gobierno, el 40% de los ataques cibernéticos en 2023 fueron hacia empresas privadas que, también han sido blanco de ciberataques, según el Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos (OGDI). Se estima que, en Guatemala, las organizaciones son atacadas en un promedio de 2 mil 419 veces por semana, una cifra que supera la media de 1 mil 581 ataques por organización en las Américas. La industria más impactada en el país es la banca, seguida por el sector educativo y el gobierno”, indica Eli Faskha, gerente general de Soluciones Seguras (SS).
Agrega que el programa maligno más común es Phorpiex. La lista incluye cuatro botnets, un troyano (Vidar) y un descargador (FakeUpdates). El incidente de ciberseguridad más recurrente es la divulgación de información, que afecta al 82% de las organizaciones.
